Construyendo Democracia

 

 

 



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LA QUIMERA DEL ORO DE MADRE DE DIOS

Por Róger Rumrrill

Los precios actuales del oro  a nivel internacional, 1,100 dólares la onza troy ( 34 gramos ) ha convertido la extracción del oro aluvial en un quimera, en una ilusión económica como en la célebre historia de Charles Chaplin sobre los buscadores de oro. La búsqueda y la extracción del oro es también  una verdadera tragedia ambiental y social.

Se dice que toda la Región de Madre de Dios está llena de oro. Es oro aluvial que ha sido arrastrado a lo largo de los siglos desde las cordilleras de Ananea y Carabaya y que ha quedado depositada en los suelos aluviales en las orillas de los ríos Madre de Dios, Huaypetue, Inambari, Colorado y otros ríos de la región.

LAS “FIEBRES DEL ORO”.

En las últimas décadas se han producido varias “fiebres” de oro o ciclos, en función de los precios internacionales. Uno de esos ciclos o “fiebres” que empezó hace tres décadas fue el de Huaypetue. Hoy  día Huaypetue es una enorme herida abierta sobre la naturaleza: ríos y quebradas contaminadas, bosques destruidos y miles de pobres que se embarcaron en la quimera del oro soñando con  cambiar su suerte, pero sin lograrlo. Porque del ciclo del oro de Huaypetue sólo quedan algunos ricos, los patrones que controlaban a extracción y sobre todo los que tienen en sus manos el comercio internacional.

LA “FIEBRE” DE “DELTA” y “HUACAMAYO”

Si para producir la destrucción de Huaypetue fueron necesarios entre 20 a 30 años, el cataclismo ambiental de “Delta” y “Huacamayo” sólo ha requerido de 2 años. En ese breve lapso, se han arrasado 10 mil kilómetros cuadrados de naturaleza: suelos destruidos, bosques talados, aguas y suelos contaminados. El río Malinowski y sus afluentes están hoy en día envenenados.

LAS CIFRAS DE LA DESTRUCCIÓN

Un estudio efectuado por el R.P. Xavier Arbex de Morsier, de la Comisión de Pastoral Social y DDHH del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y entregado al suscrito el 12 de diciembre del 2008 y que fue inmediatamente trasladado al Ministerio del Ambiente, señala que las cifras de la destrucción son las siguientes:

-Desde los años 2007 y 2008 operan en “Delta” y “Huacamayo” 550 máquinas pesadas: cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes.

-Entre 800 a 1000 motores para las “chupaderas”.

-150 dragas, grandes y pequeñas.

-Entre 40 a 70 TM de mercurio se utilizan cada año.

-A diario entran a la zona un promedio de 70 camiones cisternas llevando cada uno entre 3000 a 4000 galones de combustible. Además de 1500 litros de aceite que se derraman en los suelos y las aguas.

Dos científicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que efectuaron hace un año un estudio sobre los efectos del mercurio en la salud humana, la fauna silvestre e ictiológica, concluyeron que la contaminación por mercurio excede en 20 veces el límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Madre de Dios.

LAS TERRIBLES CONDICIONES SOCIALES DEL TRABAJO MINERO

Se estima que la minera de Madre de Dios genera entre 15 a 20 mil puestos de trabajo directo y otros tantos puestos indirectos.

Pero las condiciones sociales del trabajo son inhumanas. Los peones trabajan día y noche en el lodo, “lama”, le dicen. Estos peones no están en ningún registro, ni menos figuran en una planilla. Si mueren por un accidente o cualquier otra causa, nadie reclama por ellos.

Buena parte de estos peones son requisitoriados que han llegado a “Delta” y “Huacamayo” huyendo de la justicia.

Hace poco, alguien hizo un registro de las prostitutas sólo de “Delta”: contó 200 menores de edad dedicadas al meretricio.

PRODUCCIÓN MINERA

Según fuentes de la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios, bajo la jefatura del Ing. Rony Pastor Velásquez, hay actualmente 2800 concesiones, sin contar las que están en trámite y las que han caducado.

De ese total, sólo 16 tienen estudios de impacto ambiental.

En el año 2007 se estimó, con información proporcionada por lo mineros, una producción de 20 TM de producción aurífera. Pero se calcula que por lo menos el 40 por ciento de la producción no se declara, lo que daría 28 toneladas.

LAS AUTORIDADES NUNCA HAN CUMPLIDO SUS FUNCIONES

De acuerdo al estudio del Padre Arbex, las autoridades tienen roles asignados con relación a la actividad minera. Pero no la cumplen.

Así, el Ministerio de Energía y Minas tiene que hacer cumplir las normas de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos y hacer respetar el catastro para evitar las explotaciones “salvajes”. No lo cumple porque no tiene personal  ni presupuesto. El suscrito entrevistó el 2009 al Ing. Rony Pastor Velásquez sobre las acciones de Energía y Minas para controlar y formalizar la minería informal. Se mostró absolutamente impotente frente a los problemas: la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios sólo tenía una jefatura y una secretaria. “Sólo nos transfieren funciones, pero no nos trasfieren ni presupuesto ni personal”, me dijo.

El Ministerio de Salud debería controlar las emanaciones tóxicas del mercurio y sus efectos sobre las personas. No lo hace.

El Ministerio de Trabajo debería controlar las terribles condiciones laborales de “Delta” y “Huacamayo”. No lo hace.

Las ONGs ambientalistas tan activas en el tema de flora y fauna, guardan un cómplice silencio.

La Marina de Guerra debería controlar la “Franca Fiscal” ( 50 metros a cada lado de los ríos), los permisos de navegación, de transporte de sustancias tóxicas, los permisos de dragado. Pero casi nunca intervienen en la zona minera.

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Y LOS RESPONSABLES

- El Estado nacional ha estado ausente en la solución del problema minero desde hace décadas.

- Pero ha sido el gobierno de Alan García Pérez, con su política de privilegios a la minería que ha dejado que la bomba social y política de la minería supuestamente informal siga creciendo hasta su estallido trágico. La misma historia del “Baguazo”.

- La minería aurífera de Madre de Dios está controlada por los grandes patrones de las dragas, el combustible y los dueños de los denuncios o cuadrículas. Un centenar de concesionarios de parcelas o cuadrículas con superficies de cientos y miles de hectáreas explotan a miles de mineros a los cuales “invitan” a trabajar en sus cuadrículas.

- También del gran negocio de la minería aurífera participa la burocracia del Estado. Sobre todo funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que trafican con los denuncios.

- El Decreto de Urgencia No. 12 que buscar ordenar y formalizar la minería artesanal de Madre de Dios es una respuesta tardía a los graves problemas ambientales, sociales y políticos de esta actividad. Si bien es cierto que el objetivo de formalización y ordenamiento de la minería aurífera informal es un objetivo necesario y urgente, pero el procedimiento de su redacción, formulación y aplicación es erróneo. En esta materia, el gobierno de Alan García Pérez, con una inconfesable vocación autoritaria, igual que con la Ley Forestal y de Fauna  No. 1090 y todos los decretos legislativos llamados del “perro del hortelano”, no ha consultado con los actores sociales involucrados.

- La reacción de los mineros en Chala, Arequipa, al Decreto de Urgencia N° 12, que el gobierno dice que es exclusivamente para Madre de Dios, se debe a que ellos temen que su aplicación se haga extensiva a todo el país.

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ASPECTOS ECONÓMICOS DE ORGÁNICOS Y TRANSGÉNICOS

Por Andrés Solari Vicente

En el debate sobre transgénicos, se ha buscado descalificar a los productos orgánicos por carecer –supuestamente- de perspectivas económicas. El interés de fondo es facilitar la introducción de los transgénicos como mejor alternativa. Tratamos aquí de refutar esta idea, que presenta a los orgánicos como poco rentables, caros, sin mayor demanda, que se comercializan en pocos mercados y que están en declinación. Exceptuando el tema del precio, la información muestra lo contrario. Me referiré especialmente al caso de la agricultura de Estados Unidos que es el principal mercado de productos orgánicos.

Los altos precios de los orgánicos se originan en los mayores costos de producción en los que incurren respecto a los productos agrícolas convencionales. Es importante tener en cuenta cuáles son los componentes de estos mayores costos:

1. La producción de orgánicos se realiza principalmente en pequeñas y medianas granjas. Pero existe una correlación entre el tamaño de las granjas y sus costos de producción, que es válida también en el caso de los productos orgánicos y no sólo para los productos convencionales (dentro de los cuales se ubica a los transgénicos) que se elaboran en las grandes granjas (a gran escala y con procesos altamente tecnificados). A mayor tamaño, los costos tienden a reducirse. La alta productividad derivada en el caso de los convencionales explica gran parte de sus mejores precios. Se pensaba equivocadamente que la producción de orgánicos sería necesariamente de más altos costos por una supuesta consubstancialidad con la pequeña escala, de la que no podría escapar. Sin embargo, la realidad muestra que el aumento de la escala de producción tiende a reducir costos de la misma forma en que lo hacen los convencionales. La gráfica muestra el alto de grado de similitud en la reducción de precios en ambos tipos de productos.

Así, es previsible que el aumento de la producción de orgánicos deba influir paulatinamente a favor de una reducción de sus costos y precios.

2. Los subsidios que reciben los productores agrícolas en EE.UU. (estimados en 23 mil millones de dólares anuales) se concentran casi exclusivamente en los productos convencionales (los que más impactan en exportaciones y en el producto agrícola) (Rural Migrations News 2002). Los apoyos para productores orgánicos son mucho menores o inexistentes. La política agrícola del gobierno de EE.UU. desde 1981 en adelante ha respondido principalmente a los intereses de las grandes granjas (Reimund y Gale 1995). En el 2002, los subsidios favorecían al 10% superior de las granjas, las de mayor tamaño (Riedl 2004). Estos subsidios para los productos agrícolas convencionales les proporcionan una ventaja adicional, desde factores externos a la producción y manejables totalmente en la esfera política, que los sitúa en una marcada ventaja de precios frente a los productos orgánicos. Evidentemente, un sistema de subsidios equitativos facilitaría una mayor competitividad a favor de los orgánicos.

Algunos estados y localidades han iniciado puntuales apoyos a los orgánicos. Minnesota, por ejemplo, ha elaborado directorios de productores orgánicos y facilita la comunicación entre ellos. Otros proveen asistencia a las exportaciones de orgánicos y/o subsidian procesos de certificación. Otros ofrecen pequeños subsidios a la conversión de granjas convencionales en orgánicas, para estimular los beneficios medioambientales de este tipo de producción, obteniendo fondos de programas como el Federal Environmental Quality Incentives Program. Unos cuantos condados ofrecen reducciones impositivas a las granjas que se convierten en orgánicas (USDA 2009a).

3. Los costos de producción para los productos orgánicos son más altos también porque insumen una mayor cantidad de trabajo por unidad de producto, y por la mayor diversidad entre las empresas que conforman el subsector: los costos salariales pesan más y las economías de escala son más difíciles de lograr, respectivamente (FAO 2010).

4. Las investigaciones que realizan instituciones estatales, universidades y otras organizaciones para el mejoramiento de productos, procesamiento y comercialización, se enfocan casi exclusivamente en los productos de más alta tecnología (es decir, en los convencionales, elaborados por grandes granjas). Por ejemplo, no existen investigaciones de largo alcance que apoye la USDA referidas al control alelopático de plagas en orgánicos. Ha sido reclamado por los propios productores de orgánicos (Hanson et al. 2003). Sin investigaciones para el mejoramiento de la producción, los orgánicos enfrentan mayores dificultades, en este caso originadas en la política de investigaciones, lo que eleva sus costos.

5. Los costos de certificación, distribución y procesamiento de los orgánicos son mayores que los de los productos convenciones. En el caso de la certificación, porque es más compleja y no se ha tecnificado suficientemente. En el caso del transporte y distribución de productos, porque el manejo de grandes volúmenes (caso de los convencionales) disminuye costos, y porque las cadenas de distribución son hasta hoy menos eficientes en los orgánicos. Y en el procesamiento, porque los convencionales utilizan ampliamente procesos mecanizados que elevan la productividad e insumen combustibles subsidiados para usos agrícolas, lo que no sucede en el caso de los orgánicos (FAO 2010).

6. Los costos de conversión de una granja convencional a otra productora de orgánicos deben agregarse regularmente a los costos finales porque sólo excepcionalmente son subsidiados. Sin embargo, hay que recordar, que las grandes granjas fueron puntualmente subsidiadas cuando dieron el giro hacia los transgénicos a mediados de los ‘80s (periodo Ronald Reagan) y pudieron sostener (junto con las grandes empresas químicas, farmacéuticas y universidades) una buena cantidad de investigaciones sobre transgénicos (Dunne y Gowers 1985).

7. Otro conjunto de elementos que influyen sobre los costos de los orgánicos (no sobre los convencionales) está dado por: las inversiones en mejoramiento y protección ambiental, los mayores estándares en bienestar animal, el evitamiento de riesgos de salud y la garantía de ingresos más equitativos para los agricultores (FAO 2010).

8. La alteración (contaminación) que realizan los transgénicos sobre los productos orgánicos por difusión, le exige a los productores de orgánicos asumir costos de selección y “limpieza” que inciden sobre los precios, siempre que deseen mantener la certificación (Hanson et al. 2003).

No todos estos elementos son atribuibles al hecho de ser productos orgánicos, varios de éstos dependen de la política agraria que le da dirección a los subsidios y a los esfuerzos de investigación. Otros aspectos son relativamente transitorios y dependen del nivel actual de la producción y la heterogeneidad de los orgánicos: economías de escala y distribución. Finalmente, existen elementos que dependen de las regulaciones agrarias: por ejemplo, las consecuencias de la “contaminación” que los transgénicos diseminan sobre los orgánicos son –injustamente- asumidas por estos últimos. Gran parte de los elementos que influyen sobre estos costos pueden ser resueltos sin que los productos orgánicos tengan que dejar de serlo. Así pues, varios de los elementos importantes que hacen que los precios de los convencionales sean más bajos (escala, subsidios e investigación) podrían reorientarse para convertir a los orgánicos en productos más abundantes y más accesibles.

Además de los costos mayores, hay que considerar que la demanda sobre los productos orgánicos sigue creciendo más rápidamente que la oferta, tanto en EEUU como en los demás países (USDA 2009b). Esto también favorece para que los precios de los orgánicos sean mayores que los precios de los convencionales. No obstante, los precios de los orgánicos no siempre han crecido a tasas mayores que las de los productos agrícolas convencionales (USDA 2009c).

La producción de orgánicos crece más que las de otros productos agrícolas, debido a, entre otras cosas: su mayor calidad, sus más altos márgenes de ganancia, la conciencia del menor daño que implican sobre el medio ambiente y una mayor identidad de los consumidores con este tipo de productos. Para tener una idea de la magnitud del crecimiento: entre 1997-2001 se añadieron a la producción de orgánicos certificados por la FDA un millón de acres (AmberWaves 2001).

En cuanto a la expansión de tierras para orgánicos en una selección de varios países, puede apreciarse la siguiente información:

La IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) informó que en 2003 en África ya había 40 mil granjas que cubrían 235 mil hectáreas de tierras certificadas para orgánicos. Para 2008 a nivel global se informaba que 35 millones de hectáreas eran manejadas orgánicamente y que las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron los 50.9 mil millones de dólares (INFOAM 2010).

En México, las áreas cultivadas crecieron de 23 mil hectáreas en 1996 hasta 400 mil en 2004 (205% de crecimiento anual) (Chávez 2006). En el caso peruano, el crecimiento promedio anual de las exportaciones es del 50%, sin mayores inflexiones. Perú desde 2008 es el más grande exportador mundial de café orgánico y el segundo en cacao orgánico (Olsen 2008).

Los márgenes de rentabilidad son más altos, debido a que los precios suben más que proporcionalmente a la oferta. A pesar de los mayores costos, los productores pueden fijar precios a niveles que aseguren mayores tasas de rentabilidad. Por eso, es notorio que las empresas agrícolas entrantes a la rama (principalmente a través de procesos de conversión) crezcan a mayores tasas (Agricultural Outlook 2002a).

En un proceso de diversificación de sus canales de ventas, los orgánicos se han expandido hacia los más variados espacios (mercados de granjas, ferias, supermercados naturistas, supermercados convencionales y clubs de tiendas) (Agricultural Outlook 2002b). Desde 2001 los orgánicos se conseguían en el 73% de las tiendas de alimentos. Sólo en las de productos naturales en 1998 las ventas fueron de 3.3 billones de dólares. Las ventas en los supermercados tradicionales crecieron, entre 1977 y 1998: en Houston 576%, en Baltimore 303%, en Boston 210% (Dimitri y Greene 2002).

Estas son algunas peculiaridades que ayudarán a entender la dinámica de orgánicos en su pugna con los transgénicos.

Referencias:

Agricultural Outlook. 2002a. U.S. Organic Agriculture: Gaining Ground. Nov. ERS, pp. 9-14.

Agricultural Outlook. 2002b. Organic Food Industry Taps Growing American Market. Oct. ERS, pp.4-8.

AmberWaves. 2001. Certified organic acreage and operators. [Disponible: www.ers.usda.gov].

Chávez, Luis. 2006. Mexico ’s organic products law 2006. GAIN Report. USDA, FAS, Washington .

Dimitri, Carolyn y Catherine Greene. 2002. Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Market. Agriculture Information Bulletin No. 777, Sept, ERS, Washington.

Dunne, Nancy y Andrew Gowers. 1985. Los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Financial Times, Enero 31.

FAO. 2010. Why is organic food more expensive than conventional food? (Actualizado en feb 2010) [Disponible: www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/it/]

Hanson, James et al. 2003. Risk and management in organic agriculture: view of organic farmer. University of Maryland , Dep. Agricultural and Resource Economics.

INFOAM. 2010. The World of Organic Agriculture. (Actualizada: marzo 2010) [Disponible: www.ifoam.org].

Olsen, Peter. 2008. Peru : organic products. Update 2008. GAIN Report. USDA, FAS, Washington .

Reimund, Donn A. y Fred Gale. 1995. Structural Change in the U.S. Farm Sector, 1974-87. AIB No. 674. ERS.

Riedl, Briand. 2004. Another Year at the Federal Trough: Farm Subsidies for the Rich, Famous, and Elected Jumped Again in 2002, Heritage Foundation. [Disponible: www.heritage.org/Research/Reports/2004/05].

Rural Migrations News, 2002. Vol. 8 Num. 3, July, Universidad de California en Davis. [Disponible: http://migration.ucdavis.edu/rmn/more.php?id=608_0_5_0].

USDA 2009c. Organic Prices. (Actualizada: may 2009) [Disponible: www.ers.usda.gov/Data/OrganicPrices].

USDA. 2009a. Organic Agriculture: Organic Policy. (Actualizada: sep 2009). [Disponible: www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Policy.htm].

USDA. 2009b. Organic Agriculture: Organic Trade. (Actualizada: sep 2009). [Disponible: www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Trade.htm].

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LIMA: ¿ESPERANDO EL DESASTRE?

Por Hugo O’Connor

El conglomerado urbano de Lima Metropolitana, incluyendo El Callao, es hogar de 9 millones de compatriotas y máxima expresión del centralismo que agobia nuestro país. Nada menos que el 70% de esta población ha nacido o llegado en los últimos 40 años.

Se han escrito decenas de estudios y libros sobre ella, describiendo con increíbles cifras, la cantidad de productos que demanda la ciudad, empezando por los servicios de electricidad y agua potable. Lima reclama cientos de toneladas diarias de alimentos, produciendo montañas de residuos sólidos, mientras se sigue extendiendo por arenales y antiguos campos de cultivo, creando nuevas y más extensas urbanizaciones y asentamientos humanos, pero también ocupando laderas y quebradas en 3 cuencas, que alguna vez estuvieron distantes entre si, los valles de Lurín, Rímac y Chillón.

Concentrando la mayor parte de la industria, el comercio, la TBC , la creciente delincuencia, el 60% de los accidentes de tránsito, y muchas estadísticas más del Perú, Lima es hoy a la vez, un  monstruoso espejismo de oprtunidades para el migrante y también la mejor muestra de un país desordenado, sin planes ni brújula, es decir, a la deriva.

La profunda crisis del agro y el abandono del Estado que privilegia y subsidia las ciudades, especialmente de la Costa , impulsa diariamente el flujo de migrantes, desde todos los puntos del país, buscando cualquier espacio en la urbe, aunque sea a costa de sobrevivir en alto riesgo y en las peores condiciones de vida, la extrema pobreza.

En este caótico escenario de falsa “modernidad”, la naturaleza nos envía sus avisos: los terremotos de Pisco (2007), Haití y Chile (2010) ponen sobre el tapete cuan vulnerable se ha vuelto Lima Metropolitana, y todo lo que ella alberga.

La vulnerabilidad de Lima, sea por exposición o fragilidad ante el peligro sísmico y/o maremoto, es en realidad una construcción social que viene acelerándose en las últimas 4 décadas. En ese lapso, los Gobiernos y Estado peruanos han sido incapaces de afrontar el riesgo de un gran desastre, porque el modelo económico primario exportador, en su versión neoliberal es enemigo jurado de la planificación.

La política de “dejar hacer, dejar pasar” impulsada por el belaundismo en la década de los 70 y seguida fielmente por todos los gobiernos recientes, les ha permitido contemplar pasivamente el crecimiento desmedido de la Capital (atractivo mercado de electores), y priorizar abiertamente las inversiones públicas en la urbe, agudizando el centralismo. Un claro ejemplo de ello son los planes de vivienda que centran su atención en Lima, expresado en las palabras que oí a un Vice Ministro: “…es que aquí está la mayor demanda”.

Por su parte, los alcaldes de la ciudad han dado también su cuota a cambio de votos, sembrando redes, alumbrado, pistas, veredas y “escaleritas”, para promover la consolidación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo sísmico, como por ejemplo, las quebradas de San Juan de Lurigancho o el Lomo de Corvina en Villa El Salvador.

Los estudiosos han calculado que un terremoto grado 8.0 en escala Ritcher, provocaría la muerte de por lo menos 100 mil personas en Lima y Callao, sin contar con los efectos mortales de un maremoto sobre el litoral, sustentado en el hecho que la mayor parte de los epicentros de sismos en esta zona, se han dado en fondo del mar. No es exagerado decir que un desastre de estas características signifique el colapso económico y social del país.

La campaña electoral por la alcaldía de Lima ha arrancado con más diatribas que propuestas. ¿Acaso tomarán en serio el alto riesgo a la que está expuesta la Lima Metropolitana ante un gran sismo?

Estamos pues avisados y el reto es enorme. Supone realizar un conjunto de acciones en 3 niveles: en los preparativos (Planes de Emergencia), en la mitigación (obras de protección, defensa reforzamiento de estructuras) y en la prevención (los planes de desarrollo local y proyectos no deben crear más vulnerabilidad).

Mientras tanto, la cuenta regresiva para el próximo terremoto ya está corriendo. La sordera, desidia o torpeza de los gobernantes y autoridades no serán perdonadas por los que sobrevivan al desastre.

 

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El caso Islay y el proyecto minero Tía María

Por José de Echave

La situación en Islay sigue siendo tensa y nuevamente ha quedado en evidencia la ausencia total de una estrategia desde el gobierno para enfrentar un conflicto complejo. Los argumentos son los mismos de siempre y se continúan negando las bases objetivas que explican los conflictos: no hay ni capacidad ni voluntad política para enfrentar el conflicto.

El pasado 16 de marzo, en nuestro comentario en CNR, señalamos que la situación en Islay se había complicado por la intención del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa Southern Perú, de sacar a como de lugar las audiencias del Estudio de Impacto Ambiental. Afirmamos “no hay que ser adivino para pronosticar que la audiencia provocará el rechazo de la población”.

¿Cuáles son los temas que están a la base de este caso y de otros conflictos mineros y que deberían ser abordados en serio y a fondo? Aquí algunos temas:

- La ausencia de verdaderos mecanismos de consulta y participación para las poblaciones. Las audiencias públicas no son ni por asomo procesos reales de consulta ciudadana: estas audiencias son convocadas con un plazo insuficiente de días, pese a que los Estudios de Impacto Ambiental son documentos complejos de difícil comprensión para los pobladores. Todo ello provoca que no se den requisitos mínimos para una participación oportuna e informada.

- Además, no existe obligación alguna por parte de la autoridad competente de considerar los aportes que puedan haberse formulado en la audiencia pública. No hay ningún efecto vinculante en el proceso y la audiencia pública aparece solamente como un mecanismo de cumplimiento formal de requisitos técnicos preestablecidos.

- La manera como se siguen entregando concesiones mineras por todo el territorio nacional, sin que existan mecanismos adecuados de información a las poblaciones y autoridades locales, es insostenible. En Islay está concesionado más de la mitad de su territorio (ver mapa) y no se informa.

- La necesidad de organizar nuestro territorio con instrumentos de gestión como los planes de ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica, para discutir en serio dónde si y dónde no minería.

- La necesidad de reforzar los instrumentos de gestión ambiental con nuevas políticas públicas, instrumentos e institucionalidad adecuada que acerque el Estado a las regiones.

- Los Estudios de Impacto Ambiental no deberían seguir estando en el ámbito de competencias del Ministerio de Energía y Minas. Esta situación genera desconfianza y todo indica que debería se competencia del Ministerio del Ambiente.

El caso de Islay y el proyecto Tía María es un claro ejemplo de un conflicto que se repite y que seguirá repitiéndose en el país mientras no se implementen los ajustes que se necesitan. Ojala que este conflicto se encamine por la vía del diálogo y la negociación y que al mismo tiempo se aborde la agenda de fondo que está a la base de los múltiples estallidos sociales vinculados a la minería.

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El Millonario ¨regalo¨ de Cofopri

Por Óscar Miranda

La institución que dirige este presunto delincuente Omar Quesada, el secretario general del Apra, le entregó a un traficante de tierras una playa de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima. Se la 'vendió' a 5 mil soles y ahora el traficante puede obtener por ella por lo menos US$ 12 millones. ¿Quién está detrás de esta oscura operación?

Actualización: Presidente García acepta renuncia de Omar Quesada.

Entre la playa de Puerto Viejo y el Club Regatas de San Antonio, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur , se encuentran las playas La Playita y Barrancadero. Desde hace algunos años, exactamente desde que comenzó el boom inmobiliario del sur de Lima, las constructoras las miran con codicia: ambas playas son apacibles, de arenas limpias, y están a menos de una hora de la ciudad. A la Municipalidad de San Antonio, en Cañete, llegan con regularidad empresarios a preguntar por el valor arancelario de los terrenos que las circundan. Está claro. Un proyecto inmobiliario en el lugar sería un éxito.

A medida que los terrenos para construir casas de playa se hacen cada vez más escasos, el valor de zonas como La Playita y Barrancadero se multiplica con el paso del tiempo. Para tener una idea: en la playa Las Gramas, dos kilómetros al norte de La Playita , un terreno de 180 metros cuadrados se vende actualmente a US$ 80,000, es decir a US$ 444 el metro cuadrado. En Puerto Nuevo, un terreno de 330 metros cuadrados se vendió, hace dos años, a US$ 98,000, lo que equivale a US$ 296 el metro cuadrado. Es decir que el precio del metro cuadrado en las playas vecinas fluctúa entre los US$ 200 y los US$ 400, con clara tendencia al aumento.

Pero sucede que hace dos meses, una persona llamada Oswaldo Chauca Navarro adquirió la zona de 300 mil metros cuadrados que rodea La Playita y Barrancadero y lo hizo pagando por ella la increíble suma de S/. 4,908 (US$ 1,728 al cambio de hoy). Es decir, el metro cuadrado le salió a US$ 0.06 aproximadamente.

Cómo lo hizo? Quien le ‘vendió’ la propiedad fue nada menos que el Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la institución que dirige Omar Quesada Martínez, secretario general del Partido Aprista, ex presidente regional de Ayacucho, dirigente de los llamados “cuarentones” y miembro del círculo de confianza de Alan García.

LA OPERACIÓN

Hasta junio del año pasado, el predio formaba parte de un terreno de 840,058 metros cuadrados que estaba en manosde la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). El 23 de ese mes, Cofopri se lo apropió inscribiendo el terreno a su nombre en Registros Públicos sin avisarle a la SBN lo que hacía, invocando el Decreto Legislativo 1089 y el Decreto Supremo 032-2008, que lo facultan a asumir, con fines de formalización, la titularidad de las tierras eriazas que hayan sido habilitadas antes de diciembre de 2004.

Informada del hecho, la SBN le dirigió los oficios 8866 (en agosto), 10446 (en setiembre) y 13688 (en diciembre) para advertirle que: 1) el terreno de 840 mil metros cuadrados no estaba habilitado para fines agropecuarios; 2) la entidad estaba evaluando transferir la propiedad a terceros, que se habían mostrado interesados en comprarla, a precio de mercado; y 3) había iniciado una acción judicial para desalojar a una persona que la había ocupado ilegalmente. Se trataba, por supuesto, de Oswaldo Chauca.

 

Oswaldo Chauca dice que ocupa la propiedad
hace 22 años. (Foto: Óscar Miranda)

Según la Superintendencia , la única respuesta que recibieron de Cofopri fue el oficio Nº 17300, del 22 de octubre, en el que les recordaban que el D. Leg. 1089 y el D.S. 032-2008 los facultaba a hacer lo que habían hecho. Y no respondieron nada más.

Mientras tanto, Cofopri ya había iniciado los trámites para tomar una parte de los 840 mil metros cuadrados –exactamente 300 mil metros cuadrados–, independizarla, en dos partes, y entregársela, por la vía de la adjudicación, a Chauca y a su esposa Mery Campos, por un lado, y a sus socios Juan Carlos Quiñones, Ana María Salazar y Jorge Abanto Medina. Luego de pagar solo el valor arancelario de la propiedad –S/. 4,908; cada grupo pagó S/. 2,454– Chauca y los demás se convirtieron en propietarios de 30 hectáreas en una de las zonas más codiciadas y lucrativas, en términos inmobiliarios, del sur de Lima.

El funcionario directamente responsable de esta operación fue el jefe zonal de Cofopri en Lima y Callao, Hernando Hidalgo Díaz.

Hidalgo, según fuentes del propio Cofopri, es un hombre de la entera confianza de Omar Quesada. Si bien ingresó a la institución hace 14 años y se ha mantenido en los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, las fuentes señalan que conoció a Quesada mientras se desempeñaba como jefe zonal de Ayacucho y aquél era el presidente regional. En setiembre del 2007 fue nombrado jefe de Lima y Callao, según diversos testimonios a pedido de Quesada.

Hernando Hidalgo, jefe zonal de Lima y Callao de Cofopri, dice que él no fue responsable
 de la adjudicación. (Fot0: Sheilla Díaz).

Consultado por IDL-Reporteros, Hidalgo dijo que “desconocía” que hubiera alguna irregularidad en la operación y que, en todo caso, si la había, la responsabilidad no era suya sino de los técnicos que revisaron y aprobaron la solicitud de adjudicación de Chauca. Ante la contundencia de los hechos descritos, aseguró que iniciará una investigación interna. Lo mismo anunció el procurador de Cofopri, presente en la reunión.

IDL-Reporteros gestionó una entrevista con Omar Quesada sobre estos hechos pero al cierre de esta edición el dirigente aprista comunicó que no se pronunciaría hasta mañana.

 

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Jueces hicieron una pirueta de gimnasia que tiene mucho de realismo mágico

Por Ricardo Uztarroz - Periodista francés

DEBATE: Artículo sobre el juicio y la sentencia a Fujimori publicado en France Presse (AFP)

El periodista, investigador y escritor francés Ricardo Uztarroz, profundo conocedor de la realidad peruana, ha publicado en Francia el presente artículo, en el que analiza y critica la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori desde la perspectiva distinta de un ciudadano extranjero que conoce la política del Perú.

El avestruz es un animal torpe cuya singularidad es ocultar su cabeza bajo la arena cuando presiente un peligro, convencido de que lo que no se ve no existe. Esta imagen se me viene a la mente inevitablemente cuando pienso en los tres jueces que han condenado, el pasado 7 de abril, a 25 años de prisión al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por “responsabilidad indirecta” en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por una banda de sicarios que mató en total a 25 personas; y cuando pienso en las organizaciones que supuestamente defienden los Derechos Humanos, que se alegran y califican la sentencia “de gran victoria histórica”.

La condena del ex presidente, llamado familiarmente “El Chino”, debido a su origen japonés, corresponde realmente a una cadena perpetua puesto que él tiene 70 años cumplidos, a menos que tenga una excepcional longevidad.

Esta sentencia puede ser calificada como una venganza de las avestruces si  reflexionamos acerca de lo que hacían los acusadores y los jueces que han condenado al ex presidente peruano durante los años 1990-1993, en los que ocurrieron los crímenes juzgados. ¿Qué hacían en esos años, cuándo Sendero Luminoso, organización terrorista discípula del monstruo Pol Pot, mataba sumariamente a todos los que le resistían, cuando daba la impresión de que estaba a punto de triunfar, de que estaba a dos dedos de tomar el poder y de transformar el Perú en una especie de Camboya comunista y sanguinaria? Pues tenían la cabeza metida en la tierra y esperaban que alguien, en este caso el “Chino”, se encargara del “sucio trabajo” de acabar con el terrorismo.

Una apatía casi institucional ¿Y si por desgracia el “Chino” fallaba, acaso ellos ya estaban listos para dialogar con Sendero y a proponerle sus servicios?

Rumores recurrentes, pero por el momento imposibles de comprobar, permiten pensar que ellos anticiparon una posible victoria de SL y buscaron entrar en contacto con esa banda terrorista. Si esto es verdad, la historia revelará la identidad de aquellos cobardes que hoy se presentan como heraldos universales de los derechos humanos. ¡Pobres derechos humanos!

Si los padres de los derechos humanos supieran el uso oportunista y falso que se hace de ellos en Perú, se sobresaltarían en sus tumbas.

El más representativo de esa pusilanimidad, que se puede calificar en buena medida de institucional, pues se extendió en las altas esferas de la sociedad (magistrados, universitarios, políticos, empresarios, directores de diarios, etc.), es sin duda alguna el presidente de la ex Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner.

Un día, este filósofo admitió que en esa época él no había tomado conciencia de la amplitud de la violencia y de las vesanias de Sendero Luminoso porque estaba muy ocupado en sus trabajos universitarios. Sus trabajos de ese entonces, como los que siguieron después, eran de tal importancia que nadie los conoce y por lo tanto nadie está  en condiciones de acordarse de ellos, incluso entre sus colegas más cercanos.

Esto me recuerda a algunos intelectuales franceses que durante la ocupación nazi practicaron la colaboración tranquila y siguieron publicando, filmando, cantando, y que, cuando llegó la liberación, aparecieron como miembros de la Resistencia de la hora 25.

No hay vergüenza de ser cobarde; pero que no se juegue a ser un héroe cuando el  peligro ha desaparecido.

Hoy en día, esa CVR, cuyo informe es a menudo un tejido de alegaciones increíbles o aproximativas, y que no responde a ningún criterio científico, pretende distribuir buenos y malos puntos, como si la lucha contra el terrorismo (pues había en Perú un terrorismo, el de Sendero Luminoso) hubiera sido un juego mundano de sociedad.  

La CVR afirma que esos años de violencia dejaron 70.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, cifra superior a las pérdidas norteamericanas en Vietnam. Al mismo tiempo, esa comisión dice implícitamente que el conflicto peruano fue de media o alta intensidad. ¡Qué absurdo!

Es verdad que algunos de esos comisionados tuvieron una relación turbia con Sendero. Uno de ellos dijo en esa época que estaba de acuerdo con los objetivos de Sendero pero no con sus métodos, que éstos (es decir, el uso de las armas y del asesinato, habría que recordarle) prematuros.

La izquierda peruana pagó duro su ambigüedad, su negativa a condenar firmemente a los asesinos de SL, ya que éste era una organización de asesinos en serie, sin escrúpulos, sin remordimiento. La izquierda peruana no obtuvo en las últimas elecciones en 2006 sino un 1% de los votos. Los electores la juzgaron. Estos mismos electores estiman en un 60% que Fujimori fue el mejor presidente que el país ha tenido en su historia. La única cuestión que vale la pena

Como residente en Lima desde hace diez años, y periodista de la Agence France Presse (AFP), entrevisté a Fujimori en cinco ocasiones, incluso una vez lo entrevisté en Tokio, cuando él estaba exiliado, poco después de su caída en 2000 a causa de una conspiración que, como distintos índices lo sugieren, habría sido urdida por Bill Clinton y Madeleine Albright, la entonces secretaria de Estado.

Lo entrevisté de nuevo en Santiago de Chile, poco antes de su extradición. Durante los quince meses que duró el proceso de Fujimori, yo asistí a prácticamente todas las audiencias, 161 en total. Falté a lo sumo a una decena que no eran, además, esenciales.

Puedo decir que conozco el expediente y también alegar una experiencia profesional de 40 años en el periodismo, experiencia que me enseñó a saber lo que es un hecho, una  prueba, un índice, una alegación, una suposición, una  deducción, una especulación, un conjunto de conceptos elementales que los tres jueces obviamente ignoran, lo que lanza una duda sobre su competencia jurídica y sobre su imparcialidad.

En fin, puedo añadir que, ideológicamente, todo me separa de Fujimori, siendo él un hombre de derechas, y yo más bien de izquierda. Pero no de una izquierda de salón, como lo prueban mis compromisos pasados y presentes y la historia de mi familia. Por adelantado, le niego a quien sea tener la menor autoridad para impugnar mi pertenencia a la izquierda pues en la izquierda no hay un Papa que fije el dogma.

En sus considerandos, el tribunal no respondió a la única cuestión central del proceso: ¿Fujimori dio la orden de realizar esas dos matanzas estúpidas que, obviamente, iban  contra la política que él mismo preconizaba contra el terrorismo, a saber: convencer a la población, ganarse su simpatía, con el fin de aislar a Sendero Luminoso y a la otra organización subversiva, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)?

A falta de pruebas, la parte civil y el fiscal cambiaron, puedo decirlo sin ironía, su fusil de hombro durante el proceso.

Al principio, decían que Fujimori era el jefe del  escuadrón de la muerte, del grupo llamado Colina (Colina es el nombre de un funcionario asesinado por SL), que realizó  esos asesinatos y que él había dado la orden directa de esos crímenes. Como no pudieron probar esta alegación, entonces inventaron la tesis de que Fujimori es culpable  porque él era el jefe de Estado.

Basándose en una cadena de suposiciones, dijeron que él había transformado el Estado en una organización criminal con el fin de implementar una guerra sucia contra el terrorismo. Por lo tanto, siendo el inspirador de esa estrategia oculta de guerra sucia, disimulada en los pliegues de una guerra limpia, él era el autor indirecto de esos asesinatos.

Como nada prueba esa otra alegación (repito, es una simple alegación), los jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho de realismo mágico: Amontonaron hechos sin relación evidente, rasparon aquí y allá entre cerca de 500 documentos de índices vagos con el único objetivo de construir una culpabilidad que parece muy hipotética.  Los jueces demostraron tener una maquiavélica imaginación literaria.

Al final, consideraron que Fujimori es culpable por omisión, lo que quiere decir que sabiendo que esas matanzas se preparaban, él no hizo nada para impedirlas. ¿Y qué  prueba hay de que él sabía? El hecho de que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía él debía saberlo. Los expertos jurídicos apreciarán la pertinencia, digo bien pertinencia, no inteligencia, del argumento. Lo digo sin temor alguno: ¡es grotesco! Individuos sin importancia .

Aceptemos desde un punto de vista puramente hipotético que los considerandos de los jueces sean fundados. ¿Cómo entonces puede uno explicar por qué Fujimori habría  autorizado o, lo que es peor, dado la orden de matar a 25 personas sin importancia alguna, que no eran ni siquiera dirigentes terroristas de segunda o de tercera?

Esas matanzas tenían un inconveniente principal para Fujimori: le quitaban credibilidad a su política oficial, proclamada y practicada, de guerra limpia. ¿Por una parte, él tendía la mano, y por la otra él habría apuñalado?

Uno puede creer que la gente es imbécil, hasta que llega el momento en que ésta se da cuenta de que ha sido engañada. Aceptemos incluso que esa política de guerra sucia era  cierta. ¿Puede alguien imaginar que un presidente de la República , incluso de un país pequeño como Perú, admite dar la orden de ejecutar a individuos sin importancia y sin  ningún peso político o estratégico, como habría podido ser, por el contrario, la liquidación física de Abimael Guzmán, el jefe alucinado de Sendero, un tipo mesiánico hasta los forros? Ahora bien, todos los jefes terroristas, incluso Guzmán, fueron detenidos y están purgando penas. El llamado “Presidente Gonzalo” tuvo durante años como vecina de celda a su compañera Elena Iparraguirre, ellos pasaban  juntos todo el día. ¡Bonito ejemplo de la crueldad de Estado promovido por Fujimori!  ¡Fujimori estaba loco o era un asesino en serie! Si eso es así ¿qué era lo que él buscaba? ¿Satisfacer sus instintos de asesino, impresionar al gallinero? Desde un punto de vista político, esas matanzas eran completamente improductivas. Fujimori tiene defectos, desde luego, pero no se lo puede acusar de carecer de inteligencia.

Por otra parte, el colmo es que el tribunal no le reconoció a Fujimori ninguna circunstancia atenuante.  Es decir, Fujimori actuó fuera del tiempo y del espacio. ¿En  esa época, Perú no estaba acaso al fondo del abismo y en pleno caos, gracias a la herencia que le había legado Alan García, de nuevo presidente del Perú a pesar de su  desastrosa e irresponsable gestión en su primer mandato (1985-90)? ¿Acaso los atentados terroristas, los carros-bomba, no eran diarios? ¿Los cortes de electricidad  causados por los sabotajes a las torres de alta tensión no eran permanentes? ¿Acaso se podía salir de noche? ¿Alguien sabía si volvería a ver a sus seres queridos al final de la jornada de trabajo? ¿La inflación no era delirante? ¿La escasez de los productos de primera necesidad no era permanente? ¿No se destruía el aparato productivo? ¿Perú no estaba al margen de las naciones y tampoco tenía derecho al crédito externo? No, nada de esto existió, según los jueces. ¡Fujimori era un extraterrestre, un tipo sediento de sangre, una especie de Drácula! Las capas populares, las que tuvieron que sufrir más las salvajadas de SL, reconocen, en una muy amplia mayoría, que él fue quien salvó al país, que él fue quien le permitió a la gente encontrar una vida normal, si se puede hablar de vida normal en un país tan pobre como el Perú. Todo eso para los jueces (¿qué hacían ellos en esa época?) no existió. ¿Magistrados imparciales?

Los que aplauden esta condena no dejan de repetir que los magistrados tuvieron todo el tiempo un comportamiento exento de reproches. Eso es, obviamente, muy discutible.  La hostilidad que mostraba el rostro del presidente del tribunal, César San Martín, lo traicionaba y dejaba ver que él saciaba una venganza personal. En 1993, en el marco de una operación de depuración del aparato judicial peruano, corroído por la corrupción endémica, él había sido excluido de la magistratura.

Tal vez eso fue un error. En todo caso, él había encontrado en el juicio la oportunidad de vengarse. Uno de sus asesores tiene, por su parte, un pasado de simpatizante de izquierda. La izquierda es visceral e irracionalmente anti- Fujimori, por razones  demasiado largas para explicar aquí. Uno de los índices de la falta de imparcialidad es la ausencia de reconocimiento de las circunstancias atenuantes.

Pero el colmo de los colmos, es que los jueces afirmaron que las víctimas de esas dos matanzas no tenían nada que ver con el terrorismo. Entonces, ese considerando significa implícitamente que Fujimori perpetró asesinatos gratuitos, que ni siquiera se inscribían en la estrategia de guerra sucia que ellos mismos le reprochan. También afirmaron que  esas matanzas eran crímenes de lesa humanidad. Sin duda, cuando se cruza tal frontera, ya no hay razón para detenerse.

Esa condena es como si en 1969, después de su renuncia, se hubiera llevado a Charles de Gaulle ante un tribunal especial (el tribunal que pronunció este veredicto es un  tribunal especial) y se lo hubiera declarado culpable de las exacciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales practicados en Argelia entre 1958-1962.

Este proceso de Fujimori revela la inconsistencia, la irresponsabilidad, el infantilismo, la frivolidad, de una parte de las clases dominantes peruanas, algunos de cuyos miembros se creen parte de una aristocracia descendente de los conquistadores o virreyes españoles.

Sendero Luminoso no ha sido destruido totalmente, ha hecho una alianza con grupos narcotraficantes. Sus grupos armados operan en una zona de cultivos de coca a 400 km al este de Lima. La sentencia a Fujimori le abre una puerta enorme a SL para que pase a la ofensiva. ¿Quién se atreverá de ahora en adelante a oponerse militarmente a Sendero si la “recompensa” será 25 años de prisión, 25 años que corresponden en realidad a una condena a muerte lenta en vista la edad del condenado? Fujimori interpuso el recurso de apelación. Recurso que no fue admitido.

Para resumir, esta condena pone una línea de igualdad entre Abimael Guzmán, jefe terrorista, y Alberto Fujimori, el presidente que lo venció y que, en consecuencia, salvó  al Perú de una pesadilla, de una especie de nazismo rojo.

Así pues, según el fallo, nada ocurrió en el Perú entre 1980 y 2000, todo ha vuelto a ser de nuevo como antes. La oligarquía de Miraflores, San Isidro y La Molina , los tres  barrios donde ésta reside, puede de nuevo dedicarse a sus intrigas florentinas de palacio.  Nada ha ocurrido en Perú, repito. Salvo que un “chino de mierda”, asesino en serie sin móvil conocido, está en prisión. Circulen señores, no hay nada que ver.

 

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EL GOBIERNO SE LAVA LA CARA CON AGUA SUCIA
Reseña del taller “Líderes y autoridades capacitados
en el Convenio 169 de la OIT ” de INDEPA

Por Renato Pita Zilbert

TIEMPO DE TREGUA

No se puede tapar el sol con un dedo, reza un viejo dicho. A vísperas de cumplirse un año de los hechos en Bagua este 5 de junio, las relaciones entre el gobierno y los pueblos indígenas amazónicos no han variado mucho. Más que vivirse un período de paz y diálogo, pareciera que se vive un período de tregua no exento de movidas y tensiones políticas.

Hace casi un año, la inflexión que mantuvo el gobierno de Alan García durante meses de protesta indígena amazónica encontró un alto con lo ocurrido en “ La Curva del Diablo”. La sangre derramada, la violencia radicalizada y sobre todo la presión mediática nacional e internacional, obligaron al gobierno aprista a abrir espacios de diálogo que, ciertamente, hasta hoy no han logrado consolidar una relación próxima o una agenda estable entre gobierno y pueblos indígenas.

Pero hoy, la relación entre el actual gobierno y los pueblos indígenas amazónicos no puede ser la misma que antes. La protesta indígena evidenció una serie de incomprensiones del Estado sobre la realidad y necesidades de los pueblos originarios en la Amazonía. Ya no es viable ese protagonismo desde lejos que tenía - y todavía tiene - el Estado, tipificado con elocuencia en la escuela de la comunidad, su banderita peruana y una educación de perspectiva “nacional” que la mayor de las veces resulta impertinente en términos culturales. Esta nueva relación entre Estado y pueblos indígenas debe asegurarse en términos jurídicos, creando mecanismos amparados en la normativa internacional sobre derechos indígenas, pero además -y hasta entonces- es importante que el gobierno encuentre prácticas de apertura, de diálogo intercultural y de buena fe. Luego de hechos cuestionables como, por ejemplo, el descalificado Informe Final de la Comisión para Investigar y Analizar los hechos de Bagua o las persecuciones judiciales a dirigentes indígenas, estas buenas prácticas de diálogo no encuentran en el gobierno aprista a su mejor representante.

Luego del levantamiento indígena, al parecer, la intención del gobierno para con los pueblos indígenas es variar su viejo protagonismo lejano por uno más próximo, el cual está vinculado a las ideas de progreso y desarrollo que maneja y que contradicen las de buen vivir y bien estar natural en el mundo indígena. Este nuevo protagonismo encontraría su principal instrumento en un “diálogo” entre el Estado y los pueblos indígenas. Pero ¿Cómo puede considerar el actual gobierno sus nuevos mecanismos de “diálogo”? señas

En este artículo haremos una breve reseña y, posteriormente, comentarios al taller que el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA, realizó en Iquitos los días 27 y 28 del reciente abril, para líderes y autoridades de comunidades indígenas de Loreto. El INDEPA es la principal institución del Estado en temas de pueblos indígenas; por ese valor, consideramos que el taller en mención nos puede dar señales de cómo plantea el actual gobierno la forma y los términos de un diálogo con pueblos indígenas.

UN TALLER QUE NO DA LA TALLA

El taller “Líderes y Autoridades Capacitados en el Convenio 169” fue organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA, con el fin de  “Sensibilizar y capacitar a los líderes indígenas y funcionarios públicos en la aplicación del Convenio 169 de la OIT , propiciando una efectiva participación del buen gobierno, mediante una política extendida bajo una ética de responsabilidad compartida que es necesario construir en diferentes ámbitos de la vida social, mejorando a su vez la comprensión y el entendimiento bajo un enfoque intercultural de los pueblos andinos, amazónico y afroperuanos”(1). Es necesario decir que este taller forma parte de una serie talleres que a partir de este año realiza INDEPA a nivel nacional sobre el tema.

La pregunta salta de inmediato ¿De qué manera pretende el gobierno, por medio de INDEPA, capacitar a líderes y autoridades de comunidades indígenas en la aplicación del Convenio 169 de la OIT , cuando éste es un flagrante violador de dicho convenio?

Antes de entrar al evento en sí, vale aclarar algo. Este no fue un taller más para el gobierno, al contrario, significó el primer espacio de diálogo directo con los pueblos indígenas de Loreto luego del levantamiento de 2009. Esa importancia se dejó ver en el nivel de convocatoria -más de 200 asistentes-, la logística movilizada y la importante delegación que vino de Lima -incluido el Presidente de INDEPA Mayta Capac Alatrista-. Sin lugar a dudas este taller fue la actividad más importante de INDEPA en la región Loreto, por lo menos de este primer semestre y probablemente de todo el año.

Desde un inicio, el cronograma del taller era muy sugerente. Fuera de las actividades de protocolo, los temas fueron: el primer día se programó una exposición sobre el Convenio 169 de la OIT a cargo del INDEPA, la presentación de cada Programa Social del gobierno (Foncodes, Juntos, Construyendo Perú, ProJoven, Pronaa), una exposición de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana UNAP y finalmente una exposición del Instituto Superior Pedagógico Público Loreto ISPPL; el segundo día se programaron exposiciones del Gobierno Regional por medio de sus Direcciones (Salud, Agricultura y Educación) y la Sub Gerencia de Pueblos Indígenas, también expuso el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP; luego se dio tiempo al trabajo grupal entre los asistentes y finalmente se expusieron las conclusiones (2).

No hay que ser muy perspicaz para notar la desproporción en el cronograma entre el Convenio 169 y los espacios para el gobierno central y regional; pero además, para estos últimos el Convenio 169 tampoco fue un eje transversal en sus exposiciones. Ni siquiera en los trabajos grupales el convenio representó un tema a tratar, en lugar de eso se realizó un FODA de las comunidades indígenas asistentes. Para algunas mentes aguzadas y ojos escrutadores, quizá esto no signifique mayor sorpresa; pero esto no debe pasar desapercibido y debe interpretarse adecuadamente.

Es importante añadir que las exposiciones del ISPPL, UNAP y IIAP sí consideraron como tema explícito o transversal al Convenio 169 de la OIT ; salvo esas excepciones, el resto del taller fue sumamente cuestionable. Llegado el momento, resultaba contradictorio escuchar cómo el gobierno pensaba luchar contra la pobreza en las comunidades por medio de sus Programas Sociales, cuando en realidad -y este es un punto central en las aún vigentes reivindicaciones del movimiento indígena- los pueblos indígenas no se sienten “pobres” en sus territorios, sino todo lo contrario. La falta de perspectiva intercultural de estos Programas Sociales y la nula creatividad para presentarlos adaptables a territorios indígenas, no solo evidencia el afán de mantener la prepotencia del Estado en territorios indígenas, sino también la instrumentalización del INDEPA como espacio para los pueblos indígenas dentro del Estado.

En el peor de los casos, esto pudo tomarse como una burla o provocación, pero al momento de la participación del mayoritario público indígena se torno de otra forma. El desatino, la impertinencia y el discurso propagandístico y burocrático en las exposiciones de las instituciones gubernamentales provocó algunos reclamos, observaciones y emplazamientos desde la asistencia, pero también preguntas que demostraban el interés por estar informados. De aquí se puede sacar una valiosa conclusión. En el público asistente se vislumbró la voluntad de diálogo y el interés por informarse. Asimismo, los trabajos grupales fueron muy dinámicos y responsables. Incluso lo que en principio era un procedimiento rígido y ajeno como el FODA, derivó en un espacio para la denuncia de problemáticas comunales y la búsqueda de alternativas de solución a éstas, hecho que confirió al evento, por una tarde, un clima de compromiso y participación (3).

En todo caso, queda clara la orientación del taller. A partir de esto podemos conocer la concepción de diálogo y la apuesta de acercamiento que el gobierno aprista plantea a los pueblos indígenas amazónicos. Por un lado, resulta sumamente oportunista convocar a un taller para capacitar a líderes y autoridades indígenas en el Convenio 169 de la OIT para, en lugar de eso, realizar propaganda a Programas Sociales del gobierno y explicar procedimientos burocráticos de gestión pública. Por otro lado, es preocupante avizorar la intención de fondo: llevar el aparato estatal a las comunidades sin una propuesta intercultural de diálogo y participación que desemboque en, por ejemplo, instrumentos eficaces de consulta para el caso de intervención en sus territorios.

Según vemos, para el gobierno la problemática relación con los pueblos indígenas no se encuentra en sus políticas de Estado que incomprenden y van en desmedro de la realidad y necesidades de los pueblos originarios amazónicos, tampoco en el modelo de sistema económico que beneficia a los grandes capitales en perjuicio de los territorios y las culturas indígenas. Para el gobierno, el problema reside en aspectos formales, no de fondo, por eso la alternativa que concibe es acercarse e imponer sus condiciones para su desarrollo, generosamente y a todo costo. Este hecho no es torpeza política sino un emplazamiento a los pueblos indígenas que busca ubicarlos entre la espada y la pared.

CLAUSURA DEL TALLER Y TAMBIÉN DEL DIÁLOGO

Para la clausura del taller especialmente arribó desde Lima el Presidente Ejecutivo de INDEPA Mayta Capac Alatrista. En términos generales el discurso de clausura tuvo por objetivo hacer dos anuncios importantes, que tampoco pueden pasar desapercibidos. Luego de los agradecimientos respectivos, el señor Mayta Capac Alatrista resaltó la importancia de su institución, como un ente que desde febrero de este año se adscribe directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho que en definitiva representa una mejora en el posicionamiento de dicha institución en el aparato del Estado (4). Por otro lado, el discurso anunció dos temas importantes. Uno de ellos fue la convocatoria a las organizaciones regionales de los pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos para participar de las elección de representantes en la Mesa Directiva de INDEPA. El otro anunció fue informar del Decreto de Urgencia Nº 026-2010 de la Presidencia de la República , que “obliga a los Gobiernos Regionales y Locales a destinar el 10% y el 5% respectivamente, de los fondos que les son asignados por concepto de canon y sobre canon petrolero, en proyectos de inversión pública y gasto social, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores”(5). Que no sorprenda entonces que al Ministerio de Educación, presente gracias a la escuela de la comunidad, con su banderita y etcétera, le acompañen ahora programas sociales no adaptados a las condiciones de los territorios indígenas, lo que originaría graves consecuencias. Con esto parece que podemos terminar de entender la finalidad del evento y su organizador.

INDEPA es la principal carta que tiene el gobierno para intentar un diálogo sostenido con los pueblos indígenas, por tener un maquillaje amable y supuestamente intercultural. Pero, la limitación principal de INDEPA es que, más que servir a una saludable representatividad y participación de los pueblos andino, amazónicos y afroperuanos en el aparato Estatal, este es un espacio que sirve para garantizar las políticas de Estado en dichos pueblos. Cumple más la función de Caballito de Troya que de espacio para la inclusión en políticas públicas. El problema no es la institución, sino la práctica política donde se inscribe. INDEPA es una institución con una vida de tropiezos, que surgió para cumplir un rol importante en el Estado, pero que hoy no da la talla. Luego de evaluar su práctica, es evidente que lo que se plantea no es un diálogo “de ida y vuelta”, menos de buena fe, sino uno con agenda impuesta, artimañas y doble discurso. Un diálogo así, no es diálogo. Es de esta manera que el gobierno busca lavarse la cara para los pueblos indígenas y la población nacional, pero con agua que a la vista es sucia.

Parece no ser incierta la posición del gobierno de Alan García para con los pueblos indígenas amazónicos. En resumen es más de lo mismo que se vio en las mesas de diálogo, tal vez con nuevos guiones, vestimentas y escenarios. Preocupa sin embargo las nuevas consecuencias que pueden traer una presencia “al caballazo” del Estado en las comunidades indígenas, por ejemplo sus Programas Sociales que no guardan -ni tiene antecedentes de- ninguna perspectiva intercultural de aplicación en los territorios indígenas, que son el hogar de diversas cosmovisiones y la gran casa de la Amazonía. No se puede tapar el sol con un dedo, reza un viejo dicho.

 

(1) Diario La Región , 30-4-2010.

(2) Las exposiciones del gobierno central, regional y de las instituciones invitadas, llevaron el rótulo de “Ejemplo y Buenas Prácticas”. Aproximadamente, las proporciones horarias fueron estas: 20% dedicado al tema específico del taller pero solo a manera de exposición, 30% dedicado a una dinámica de taller pero sin abordar explícitamente el tema del mismo; el resto del tiempo, casi el 50% de tiempo, estuvo dedicado a la información de programas y proyectos gubernamentales, así como a la instrucción en procedimientos burocráticos de gestión.

(3) En estos casos se escucha decir que actitudes como esta son producto de los almuerzos, alojamientos y otros beneficios repartidos en el evento. Pienso que considerar un clima comprometido y participativo solo como producto de un espíritu casi mercenario, es equivocado. Los factores que influyen son muchos. Para el caso, esta forma de pensamiento no esta exenta de nociones discriminadoras no muy lejanas a las que se inscriben en los mismos aparatos del gobierno.

(4) Es sintomático que el INDEPA, como institución estatal encargada de asuntos de pueblos indígenas Andinos y Amazónicos así como del pueblo Afroperuano, haya tenido una existencia trágica en el Estado y la política peruana. Descendiente directo de la cuestionada CONAPA que presidía Elian Karp durante el gobierno de Alejandro Toledo, el INDEPA se crea en 2005, bajo presión de “una amplia coalición de organizaciones indígenas (…) y de manera especial por la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP)”, apareciendo por ley como un Organismo Público Descentralizado - OPD de rango ministerial, es decir adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Bajo mucha polémica, en el año 2007 el gobierno de Alan García lo “fusiona” y “transfiere” al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, subordinando su trabajo a una política sectorial y no transversal. Ante esto y a pesar de no cumplir un “notable desempeño”, diversas organizaciones se pronunciaron en contra de esta transferencia y, por el contrario exigieron mayor fortalecimiento de INDEPA, para hacer de este un organismo autónomo y eficiente. Es recién luego de las protestas indígenas amazónicas de 2009, que se reconsidera y esta institución vuelve a la Presidencia del Consejo de Ministros. Las citas incluidas en esta cita pertenecen a SERVINDI.

(5) Tomado de la página oficial de INDEPA www.indepa.gob.pe

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